Ed: Aranzadi oct-2009, 2ª ed
ISBN: 84-9903-320-2 ISBN-13: 978-84-9903-320-4
Soporte: Libro Páginas: 2900
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El objetivo de este manual teórico y práctico, completamente actualizado con las últimas novedades legislativas, es el de resolver las múltiples dudas que plantea la aplicación del Derecho Administrativo Sancionador, a través de un exhaustivo análisis realizado por expertos jurídicos donde se encuentran de forma clara y precisa, las respuestas a todas las cuestiones que en ocasiones pueden ser incluso controvertidas. La Administración Pública realiza su función de servir los intereses generales sobre la base de unos principios que adquieren el mayor rango al recogerse en el artículo 103 de la Norma Fundamental, entre ellos el de eficacia, para lo cual el Ordenamiento Jurídico otorga a la Administración Pública un poder exorbitante del Derecho Común, con el fin de llevar a buen término y en el plazo más breve posible sus funciones, evitando todo tipo de injerencias que pudieran distorsionar su fin último.
Ese poder de la Administración tiene diferentes manifestaciones como es la potestad sancionadora, cuyo objetivo es, por un lado preventivo, es decir tratar que los administrados cumplan la normativa vigente, y por otro, y en caso contrario, sancionar aquellos que actúen al margen de la Ley. Pero si bien es cierto que la Administración tiene este poder, también es cierto que la Constitución Española en su artículo 9.3 recoge un principio que inspira todo el Ordenamiento Jurídico, y que en sí es sinónimo de justicia, que es el de seguridad jurídica, contrario a cualquier actuación arbitraria, por lo que la Administración al ejecutar esta potestad sancionadora ejerce una función reglada. Esta obra trata de analizar los principios que rigen y estructuran la potestad sancionadora, sus reglas generales, así como las particularidades de la potestad sancionadora de la Administración en ámbitos específicos.
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TOMO I . Parte general. Parte especial
I Introducción. Ejercicio del ius puniendi por parte del Estado
PARTE GENERAL.
La potestad sancionadora y el procedimiento administrativo sancionador
I. El principio de legalidad: los principios de reserva de Ley, irretroactividad y tipicidad II. El principio de responsabilidad
III. El principio de proporcionalidad
IV. El principio de non bis in idem
V. El procedimiento administrativo sancionador tipo: ámbito de aplicación
VI. El inicio del procedimiento sancionador
VII. La instrucción del procedimiento sancionador
VIII. La resolución del procedimiento sancionador
IX. Las formas de extinción de la responsabilidad administrativa: la prescripción
X. El procedimiento sancionador simplificado
XI. Impugnación de la resolución sancionadora, medidas cautelares y ejecutividad de las sanciones
XII. El ejercicio de la potestad sancionadora por las Comunidades Autónomas: las especialidades del procedimiento administrativo sancionador en la normativa autonómica
XIII. El ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración Local
XIV. El ejercicio de la potestad sancionadora por las Corporaciones de Derecho Público
XV. El derecho sancionador comunitario
PARTE ESPECIAL
I. Especialidades del derecho administrativo sancionador en los sectores específicos
I. Tráfico y seguridad vial
II. Derecho sancionador tributario
III. Extranjería
IV. Función pública
V. Trabajo y orden social
VI. Orden civil
TOMO II.
Parte especial
II PARTE ESPECIAL
II. Especialidades del derecho administrativo sancionador en los sectores específicos
VII. Transportes
VIII. Dominio público y patrimonio de las administraciones públicas IX. Derecho sancionador portuario
X. Patrimonio histórico
XI. Competencia
XII. Sector bancario
XIII. Control de cambios y movimientos de capitales
XIV. Actividad económica
XV. Auditoria de cuentas
XVI. Mercado financieros de valores
XVII. Mercados regulados: energía, seguros y telecomunicaciones
XVIII. Subvenciones
XIX. Seguridad ciudadana
XX. Régimen penitenciario
XXI. Régimen electoral y disciplina parlamentaria
XXII. Deportes
XXIII. Infracciones urbanísticas
XXIV. Medio Ambiente
XXV. Caza y pesca
XXVI. Consumo y salud pública
XXVII. Sanidad
XXVIII. Educación y cultura
XXIX. Sector audiovisual
XXX. Juego y espectáculos públicos
XXXI. Protección de datos de carácter personal
XXXII. Administración electrónica
XXXIII. Régimen disciplinario procesal