La Seguridad Social de los Empleados, Cargos y Servidores Públicos

Autor: Rodríguez Cardo, I.A.

Ed: Aranzadi jun-2008

ISBN: 84-8355-679-0 ISBN-13: 978-84-8355-679-5

Soporte: Libro Páginas: 278

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Las medidas de protección social de los funcionarios públicos –principalmente montepíos- nacieron con dos siglos de antelación a las primeras manifestaciones de la previsión social pública para los trabajadores asalariados –seguros sociales primero, y mutualidades laborales después- y han evolucionado a un ritmo y con unos caracteres propios, sin formar parte del Sistema de Seguridad Social. En efecto, sus rasgos singulares suponen que los llamados regímenes especiales de funcionarios públicos se encuentran materialmente al margen del Sistema de Seguridad Social. Ahora bien, no todos los funcionarios públicos están comprendidos en esos instrumentos protectores externos o periféricos, sino que muchos de ellos han sido asimilados a los trabajadores asalariados e incluidos por tanto en el Régimen General de la Seguridad Social.
El presente estudio tiene como objetivo, en primer lugar, identificar el régimen de encuadramiento de los distintos sujetos que prestan servicios en el ámbito público (no sólo funcionarios públicos, sino en general trabajadores del ámbito público, inclusive cargos de carácter político), para, posteriormente, analizar detalladamente los cuatro instrumentos protectores específicamente diseñados para los funcionarios públicos estatales. Mientras que los regímenes gestionados por MUFACE, MUGEJU e ISFAS proporcionan una atención específica a distintos grupos de funcionarios (de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia y a los militares, sean o no funcionarios, respectivamente), el Régimen de Clases Pasivas dispensa una tutela común a todos los funcionarios estatales en caso de jubilación o retiro (por incapacidad permanente o vejez) y a los familiares de un funcionario o militar fallecido.
Con un propósito principalmente práctico, la obra recoge no sólo doctrina y jurisprudencia, sino que se apoya en resoluciones, instrucciones y circulares de las entidades gestoras de esos regímenes, muchas veces no publicadas oficialmente, con el objetivo de proporcionar a los destinatarios (académicos, profesionales de la abogacía, los propios funcionarios como sujetos protegidos, gestores de regímenes públicos de protección social, etc.) un conocimiento sistematizado y completo de esas fórmulas de protección, siempre desde una perspectiva comparada con el Régimen General.